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¿Monarquía o república? Un fundamental debate pendiente para España

  • Foto del escritor: Jose González Fuxà
    Jose González Fuxà
  • 21 feb
  • 5 Min. de lectura
[…] hay una parte notable de la población que vive en un régimen del que, de facto, no reconoce su legitimidad, pero la asume como una imposición tolerable, como un mal menor soportado por el hecho de que en España, en la práctica, no se vive mal.


A inicios de esta semana leía en varios periódicos nacionales y locales una noticia a tenor de una encuesta sobre el eterno debate entre monarquía y república. Más allá de los resultados en torno a la preferencia de una y otra parte de la población (lo que, sin duda, evidencia la urgencia de abordar políticamente y de una vez este asunto), los resultados lanzaban la conclusión de que la mayoría de la población no sólo opina que deberíamos ser preguntados acerca de la continuidad de la monarquía, sino que, además, esa mayoría está abiertamente en desacuerdo con el hecho de que la jefatura del estado sea una cuestión hereditaria. Con ánimo de resumir someramente los datos aportados por la encuesta, parece ser que la división Monarquía/República se encuentra en un 44,7% a favor de la segunda, y un 43,5% que apoyaría la continuidad de la primera; pero en lo relativo a la convocatoria de un referéndum sobre este asunto, un 51% de los encuestados quieren ser preguntados, y un 50% no ve con buenos ojos lo hereditario del cargo del monarca. Dejo aquí, para quien quiera ver con sus propios ojos la fuente de los datos, el enlace de donde yo los he obtenido.


En realidad, lo concreto de los datos de la encuesta es relativamente poco importante, incluso aunque lo realmente importante fuera la opinión de la gente. Los datos, aun así, alumbran una idea que, si este fuera un país plena y realmente democrático, no dudaría tanto en asumir: y es que hay una parte notable de la población que vive en un régimen del que, de facto, no reconoce su legitimidad, pero la asume como una imposición tolerable, como un mal menor soportado por el hecho de que en España, en la práctica, no se vive mal. Pero el problema no está en las implicaciones prácticas del sistema político bajo el que vivimos (que obviamente son mínimas más allá del superfluo y millonario gasto que causa la corona), sino que el problema es plenamente teórico, de fundamentación del estado democrático, un problema que, para llegar a él, se hace necesario un determinado análisis y unas determinadas herramientas intelectuales que la política de este país se ha preocupado de no proveer a la población.


En mi caso particular, al leer los resultados de la encuesta me hice la siguiente pregunta: ¿es necesario o conveniente un referéndum sobre la continuidad de la monarquía en España? Y, si lo es, ¿por qué lo es? Lo cierto es que no llegué a ninguna conclusión ni satisfactoria ni positiva, sino que más bien concluí cuál es la razón por la que el debate existe y está (y posiblemente estará) permanentemente enquistado.


Mi discurrir comenzó advirtiendo que hay una cierta incompatibilidad teórica y práctica entre la democracia y la monarquía, por lo que España, que es un reino, no es stricto sensu, un régimen democrático. Obviamente el país funciona de facto como una república democrática, ya que el poder del rey es testimonial y ornamental, y el ejercicio efectivo de la política lo ejecuta el Parlamento, que tiene ciertos mecanismos de funcionamiento democrático. Sin embargo, y mirándolo con más ahínco, observé que es la misma naturaleza del “Reino” la que establece una separación, una división social en esencia, haciendo a unos privilegiados sobre otros al más puro estilo del Antiguo Régimen. No obstante, en el desarrollo de mi pensar me di cuenta de que esto tampoco era lo fundamental, pues no parece que esto sea un problema exclusivo de este país, ni tan siquiera sólo de las monarquías. Más bien, me parece que el problema reside en el diseño constitucional del concepto mismo de Estado-Nación, que convierte a la comunidad política en algo esencialmente indestructible si no es por la vía de la violencia. Todo estado moderno asume como un principio fundamental de su existencia la premisa de la “absoluta indisolubilidad de la nación”, entendiendo “nación” no como el conjunto de la población que vive reunida en un territorio y bajo un mismo imaginario lingüístico, cultural y moral, sino identificándolo plenamente con el Estado. Por ello, el Estado-Nación moderno, España, por ejemplo, se convierte con base en una Petitio principii, en algo incuestionable con independencia de la voluntad de sus integrantes, o dicho de otro modo: el Estado-Nación existe bajo el antiquísimo axioma de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. Y este es el corazón de la incompatibilidad entre el Estado-Nación moderno y la democracia: la democracia, que es un modo de organizar el poder que dicta que la soberanía y, por consiguiente, el ejercicio de ese poder, reside en la voluntad de las personas que integran la comunidad política, no es efectiva en lo que se refiere al cuestionamiento o a la modificación sustancial de las condiciones políticas en las que esa población vive, o dicho de otro modo, el Estado-Nación se defiende de la voluntad de la población prohibiendo que esa población tenga, en lo fundamental, nada que decir, y dejando las decisiones teóricamente claves en manos de la política institucionalizada.


En el caso concreto de nuestro país, a menudo los elocuentes políticos que nos gobiernan esgrimen el argumento según el cual el pueblo español (una expresión que, desligada de los individuos concretos y de sus intereses, opiniones, pensamientos y necesidades específicas no es más que una bella entelequia de la que todo nacionalismo sabe servirse), votó en periodo constituyente la inclusión de la monarquía como régimen indiscutible de la Nación, y esta afirmación tiene problemas a varios niveles: primero, un asunto meramente cronológico, y es que, siguiendo los resultados de una encuesta realizada a la población hace algún tiempo (les dejo al final algunos enlaces sobre estos resultados (1)), más del 60% de los votantes actuales no ha aprobado la vigente Constitución en la que se consagra la monarquía (referencia directa del Diario.es). Como les digo, la referencia está tomada de una encuentra realizada en los alrededores del año 2014 (aunque pueden ustedes consultar algunas más recientes), hoy, en 2023, este dato no ha podido hacer nada más que aumentar; segundo, una cuestión de honestidad política y de rigor histórico, puesto que la inclusión de la monarquía como la forma del nuevo régimen se introdujo en la votación constituyente, y en su posterior referéndum, como parte indisociable del resto de medidas que propulsaron el tránsito de una dictadura a una democracia, por lo que la inclusión de la monarquía era, para los ciudadanos españoles de entonces, no necesariamente algo deseado, sino el menor de sus inconvenientes. Utilizar el argumento de la alevosa inclusión de la monarquía en el proceso constituyente como demostración de un supuesto apoyo popular a la misma, no es sólo deshonesto en relación con la historia, sino que además es ruin, y muestra a quienes ensalzan estos recalcitrantes argumentos como poco menos que fundamentalistas religiosos que han encontrado en la monarquía una nueva fuente para su fe.


En definitiva, me parece que el debate en lo que respecta a la jefatura del estado es un debate que llegará fundamentalmente tarde en el caso de hacerlo, y que, cuanto más tiempo tarde en llegar, más diáfana será la evidencia de la falsa democracia establecida no en la monarquía española, sino en la idea misma del Estado-Nación. O eso, o deberíamos comenzar a abandonar el “mito de la democracia” establecido en las últimas décadas y pasar a comprender que, en el fondo, aunque ya no seamos necesariamente súbditos de un rey, somos sin duda súbditos de un Estado paternalista y embustero que nos hace creernos importantes.


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